El periodista Mauricio Conti habló sobre la denuncia por espionaje ilegal en la AFI en la gestión anterior

Mauricio Conti es uno de los 403 periodistas que integra la lista del supuesto espionaje ilegal que la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) habría realizado durante el gobierno de Mauricio Macri.

“Está mal, es completamente ilegal. No me sorprende ni llama la atención, pero el Estado está para protegernos, no para violar las leyes y no respetar la Constitución”, reflexionó en declaraciones a El Chorrillero.

Aparece en el lugar 157 de la nómina que incluye a dirigentes sociales y políticos, académicos y empresarios.

Conti vivió durante muchos años en San Luis. Trabajó en diferentes medios como Radio Dimensión, Universidad y Canal 13. Actualmente se desempeña en Cadena 3, en Buenos Aires.

“Por suerte, todo lo que pienso, mis trabajos periodísticos y las investigaciones salen al aire”, dijo para referirse a los motivos por los cuales lo podría haber sido espiado, y mencionó que hasta el momento desconoce qué información y datos personales tenían sobre él.

Cuestionó el accionar de la AFI porque “otra vez recursos del Estado nacional son malgastados económicamente, socialmente y judicialmente”.

“No pueden espiarte, escucharte, sacarte fotos, ni perseguirte. Vaya a saber uno con qué criterio y si está capacitado para decir que esta persona piensa de tal manera o de otra. Es muy incómoda esta situación”, sostuvo.

En este sentido, planteó que las autoridades que “dependen de organismos de seguridad nacional y en la provincia de San Luis” deberían investigar el narcotráfico “en vez del periodista”.

Por el supuesto espionaje, la interventora de la AFI, Cristina Caamaño denunció a Macri y a los ex titulares de la agencia, Gustavo Arribas y Silvia Madjalani, por realizar “inteligencia ilegal” a unas 500 personas. También informó que se encontraron fichas que calificaba con colores según sus afinidades políticas.

Conti manifestó que verá cómo se desarrolla la investigación en las próximas horas.

La documentación aportada a la causa radicada en el juzgado Criminal y Correccional Federal Nº11, a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi, constan de la información de 403 periodistas y otras 87 personas de distintos organismos de la sociedad civil, con datos relevados de fuentes, en el marco de los procesos de acreditación para la Cumbre del G20 y la 11° Conferencia Ministerial de la OMC.

Al mismo tiempo, recordó antecedentes similares que vivió en otro tiempo. Justamente sucedieron cuando ejercía la profesión en San Luis.

Mencionó que el Gobierno de Rodríguez Saá “hizo una demanda para que fuera preso dos años por una investigación que había hecho”.

“Él tenía un abogado que era Pablo Jacoby. Me hizo juicio y la carta documento pedía prisión”, rememoró.

A su vez, dijo que sufrió “aprietes” cada vez que indagaban sobre  el caso del Planeta Xilium, que "era la casa de Alberto en Punta del Este, Uruguay”.

“No es la primera vez. No me llama la atención. Pido y exijo que tanto en San Luis como a nivel nacional se respete la libertad de expresión. Tienen que respetar el trabajo de los periodistas”, insistió.

Transmitió que habitualmente recibe llamados o mensajes de San Luis para pedirle que investigue lo que pasa en la provincia: “Temas muy delicados como las libertades”.

Al mismo tiempo, habló sobre la situación de los trabajadores de comunicación y los medios en la provincia: “Hay que preguntar de quiénes son los cuatro o cinco medios más importantes de San Luis, cuántos canales o radios de aire y quién los maneja”, advirtió.

“¿Está bien o está mal que el mismo que debe dar la publicidad del Estado la ponga en medios que son de su propiedad?”, planteó.

También hizo hincapié en la falta de información pública en la provincia: “Cuando los funcionarios se confunden con que el Estado les pertenece como si fuera un kiosco o empresa privada hay un error muy grande. Y si les molesta el llamado de atención o las inquietudes de los periodistas es un problema de ellos”.